Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de protección a las personas dependientes

Resumen

En este estudio se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en (pleno) S. nº 36/2016 de 3 de marzo. Esta Sentencia aborda la difícil e inestable delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Asistencia Social. En concreto lo que la Sentencia resuelve como cuestión principal es si la modificación de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), y el régimen de incompatibilidades de prestaciones y servicios introducidos por el del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, en la Ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, vulnera la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Asistencia Social. El pleno del Tribunal Constitucional considera que las modificaciones introducidas respetan la distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas al razonar que las mismas estarían amparadas por el art. 149.1.1 CE. Se trata, según el Alto Tribunal, del establecimiento de condiciones básicas que pretenden garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, sin que ello suponga una injerencia en las competencias que las Comunidades Autónomas tienen conferidas en materia de Asistencia Social.