Algunas reflexiones sobre la situación del proceso social tras la Ley Orgánica 1/2025, 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia

Resumen

En la actualidad, el Orden Social de la Jurisdicción padece una situación que dista mucho de ser la ideal, con retrasos que a fuer de excesivos resultan injustificados, con riesgo de acabar por lesionar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, como ha tenido que declarar el máximo intérprete de la Constitución.
Frente a esta situación, y junto con otras soluciones posibles, el legislador ha optado por llevar a cabo una serie de reformas de cierto calado de la normativa rituaria. A la ya realizada a través del RDL 6/2023, de 19 de diciembre, se ha unido recientemente otra bastante profunda (sobre todo en lo relativo a la restructuración de la planta de los tribunales españoles, con la creación de los tribunales de instancia, de los que tanto espera el legislador, quizá, como en aquella fábula del parto de los montes, con expectativa excesiva) operada a través de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En concreto, el presente ensayo, tratará de glosar las principales novedades atañederas al Orden Social de la Jurisdicción, en donde cabe dar cuenta de un buen puñado de medidas específicas incorporadas al texto de la LRJS y dirigidas a lograr una mayor eficiencia procesal, entre las que destaca la posibilidad (que no necesidad) de separar en días distintos los actos de conciliación procesal y juicio, la obligatoriedad de aportar con carácter previo las pruebas documentales y periciales de que las partes vayan a valerse y el establecimiento de un nuevo requisito de “interés casacional objetivo” para lograr la viabilidad de la unificación de doctrina que se pretendiera.
El discurso se cierra con algunas reflexiones -ideas generales que empiezan a ser un canto de sirena que se va generalizando en distintos ámbitos y foros- sobre cómo se podría lograr un mejor funcionamiento del orden social, desde la dotación de mayores medios materiales y humanos, a la mejora de los mecanismos extrajudiciales de solución de controversias o, en fin, a la necesidad de recurrir a elementos disuasorios de la litigiosidad excesiva, como la imposición de costas o la utilización más frecuente de la multa de temeridad o mala fe.