Un caso de reconocimiento inicial de pensión de jubilación activa a titular de notaría que continúa con su actividad y la reacción posterior de la entidad gestora, en sede judicial, para revisar su acto declarativo y exigir el reintegro de lo indebidament
Palabras clave:
Jubilación activa, incompatibilidad, funciones públicas, actividad notarial, revisión de actos declarativos de derechos, inexactitudes, plazos de prescripciónResumen
Se estudia aquí una Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2024, sobre un caso de incompatibilidad del cobro de la pensión de jubilación activa con el ejercicio de la actividad notarial. Tras el reconocimiento inicial de la pensión de jubilación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ve obligado a revisar su acto declarativo de derecho después de comprobar que había una inexactitud en la declaración del beneficiario. A tales fines, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no ejercitó la potestad de autotutela administrativa, sino que formuló una demanda contra el beneficiario, que el Tribunal Supremo declara válida (porque entiende que la potestad de autotutela de las Administraciones no impide que las mismas puedan ejercitar demandas ante los tribunales contra las personas beneficiarias con el fin de dejar sin efecto el derecho a percibir prestaciones indebidamente reconocidas) y sin estar sujeta en su ejercicio a la regla general del plazo de cuatro años de prescripción (sin perjuicio de que los efectos económicos retroactivos sí que se limiten a cuatros años), porque se trata de un acto nulo de pleno derecho debido a la constatación de la inexactitud.
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Referencias
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Díaz Rodríguez, J.M., «Jubilación activa y continuidad en la profesión de notario: al detectar una omisión o inexactitud en la declaración del solicitante de la jubilación activa, que solo refirió la condición de “titular de Notaría”, el INSS puede revocar la pensión de jubilación, incompatible con la continuidad de la función pública como notario, sin ir a la vía judicial y sin que opere el plazo de prescripción de 4 años (art. 146.3 LJS), aunque en el caso concreto se presentara demanda ante la jurisdicción social: STS, 4ª, 11-12-2024, rcud 4233/2022. Ponente: Juan Molins García-Atance», Trabajo y Derecho: Nueva Revista de Actualidad y Relaciones Laborales, número 123 (2025).
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